SCJN debate con personas con discapacidad nuevo criterio sobre el derecho a consulta

Martín Aguilar

 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) inició este lunes la discusión de la Acción de Inconstitucionalidad 182/2024, en la que analiza si deben invalidarse las leyes aprobadas sin haber consultado previamente a las personas con discapacidad.

 

El caso se originó en Michoacán, luego de que la Comisión Estatal de Derechos Humanos impugnó artículos de su Ley Orgánica sobre visitas de supervisión a albergues y centros psiquiátricos, al considerar que se legislaron sin consulta.

 

Con motivo de esta revisión, la Corte realizó su primera Audiencia Pública dirigida a personas con discapacidad, en la que participaron activistas, académicos y representantes de organizaciones.

 

La ministra ponente Lenia Batres Guadarrama explicó que el Pleno revisa el criterio adoptado desde 2016, según el cual toda norma aprobada sin consulta debía declararse inválida. Señaló que entre 2016 y 2024 se invalidaron 50 disposiciones en materia de discapacidad, de las cuales 47 ampliaban derechos y solo tres los restringían, por lo que la Corte busca ajustar ese criterio.

 

La propuesta plantea que las acciones de inconstitucionalidad por falta de consulta solo puedan presentarse a solicitud de personas con discapacidad, con al menos 15 firmas conforme al nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. También se propone que no se declaren inválidas las normas que simplemente repliquen derechos ya establecidos en la Constitución o en tratados internacionales.

 

Durante la audiencia, el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz destacó que el derecho a la consulta no está en duda, sino que se analiza cómo aplicarlo sin que las formalidades eliminen avances en materia de derechos.

 

Lo que discutimos es si una norma que amplía derechos debe anularse por falta de consulta, aun cuando cumpla con los estándares internacionales, Hugo Aguilar.

 

Activistas como Miguel Ángel Miranda Aquino advirtieron que exigir firmas podría dificultar el acceso a la justicia constitucional. "Reunir 15 firmas puede parecer poco, pero para muchos es una tarea casi imposible", dijo. Otros participantes, como Ángel Ibarra Jasso, pidieron que los congresos realicen consultas en territorio y con formatos accesibles, mientras que la académica Patricia Broña, de la UNAM, propuso crear una ley específica de consulta para personas con discapacidad.

 

Durante la Audiencia Pública, la ministra Yasmín Esquivel Mossa defendió la importancia de mantener el criterio vigente que obliga a los congresos a realizar consultas significativas y previas antes de aprobar leyes que afecten a este sector.

 

El criterio actual obliga a todos los congresos a realizar consultas significativas. Esta audiencia busca determinar si se abandona o flexibiliza ese criterio, lo cual podría hacer que las personas con discapacidad vuelvan a ser objeto pasivo de las decisiones legislativas, retrocediendo en la materia, Yasmín Esquivel.

 

Esquivel Mossa reiteró que la Corte ha invalidado alrededor de 50 leyes por falta de consulta, ya que no se tomó en cuenta la opinión de las personas con discapacidad. Enfatizó que el propósito de la audiencia no es sustituir su voz, sino escucharlas directamente antes de que el Pleno elabore un nuevo proyecto de resolución.

 

No puede haber ni debe haber proyecto antes de escuchar a las personas con discapacidad. Hacerlo sería una falta de respeto a esta audiencia y a quienes participan en ella.

Yasmín Esquivel.

 

La ministra subrayó que la SCJN aún no ha adoptado un nuevo criterio y que la decisión se tomará después de analizar todas las intervenciones y de atender las obligaciones que impone la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

 

El ministro Giovanni Azael Figueroa expresó su desacuerdo con modificar el criterio vigente que obliga a los congresos a realizar consultas previas antes de aprobar leyes que las afecten.

 

"No estoy de acuerdo con el cambio de criterio, porque el lema 'Nada sobre nosotros sin nosotros' implica que todo lo que les afecte debe ser consultado desde el comienzo, para que puedan intervenir activa y significativamente en el proceso, y no solo cuando la decisión ya está tomada", señaló. 


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