Rebeca Marín
En los últimos años, la inseguridad se ha convertido en el principal obstáculo para la inversión, el crecimiento económico y la generación del empleo formal, aseguró Juan José Sierra Álvarez, presidente nacional de Coparmex.
"En estos momentos, en que la renegociación del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica es fundamental para consolidar la economía de los tres países, urge que la atención a la inseguridad sea una prioridad. No podemos darnos el lujo de perder la oportunidad de que las inversiones lleguen a nuestro país porque quienes arriesgan su capital se sientan vulnerables o temen ser víctimas de algún delito".
Con base en DATA COPARMEX, una de cada dos empresas socias ha sido víctima de por lo menos un delito durante el último año. En total, el 51% de nuestros socios ha sufrido alguna afectación relacionada con la inseguridad.
"Aún más alarmante es que el 12.8% de los empresarios fue víctima de extorsión, un delito que, lejos de disminuir, se ha expandido y se ha sofisticado. Entre ellos, el llamado "derecho de piso" se ha convertido en una práctica criminal inaceptable que vulnera la libertad económica, inhibe la inversión y amenaza la seguridad de miles de negocios en todo el país. Lo hemos dicho desde Coparmex es el delito de extorsión el que tiene de rodillas a miles de empresarios en todo el país.
Aseguró que la extorsión telefónica y el cobro de piso se han convertido en un cáncer que amenaza no solo las utilidades de las empresas, sino la estabilidad emocional de las familias.
A la par, dijo, hay otros delitos que también lastiman a la sociedad y a la economía, como los robos en carretera y puertos, los fraudes a través de medios digitales y cibernéticos, y los casos de desapariciones que siguen dejando una herida abierta en miles de familias mexicanas.
"Estos fenómenos nos obligan a redoblar esfuerzos y a trabajar intensamente, gobierno y sociedad, para abatir las afectaciones y devolver la tranquilidad a las comunidades".
Juan José Sierra Álvarez comentó que las empresas destinan anualmente más de 91 mil 800 millones de pesos en medidas preventivas, recursos que podrían destinarse a la innovación, expansión o el empleo.
"Esa es la magnitud del impacto que la inseguridad tiene sobre nuestra economía. Y lo más grave es que 93.2% de los delitos no se denuncian, y de los pocos que sí llegan a carpeta de investigación, apenas 0.8% tiene una resolución favorable".
Por último dijo que detrás de esas cifras hay negocios cerrados, empleos perdidos y familias que viven con miedo. "No podemos normalizar la violencia ni resignarnos a vivir con la extorsión, el robo o el secuestro. No podemos permitir que los grupos que operan fuera de la ley suplanten las funciones del Estado. Necesitamos un país donde la ley se cumpla, donde la justicia llegue a tiempo y donde cada ciudadano, cada empresario y cada trabajador pueda desarrollar su vida y sus labores sin miedo".
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