Una aberración quitar candado a ex servidores públicos para que trabajen en la IP: AMLO

Martín Aguilar

El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como una "aberración" la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de haber quitado la prohibición que tenían los altos ex servidores públicos para trabajar en la iniciativa privada 10 años después de haber dejado la administración pública federal.

 

"Es una aberración, cómo es posible que se regrese a lo de antes, ¿Y qué era lo de antes? Bueno, la vergüenza nacional de que el que privatizó los ferrocarriles, el que acaba con una historia de siglo y medio, Ernesto Zedillo, se va a trabajar de asesor a la empresa a la que le entregó los ferrocarriles.

 

"Y (Felipe) Calderón hace lo mismo, ayuda a Iberdrola, empresa monopólica particular que controla la electricidad en España, y le ofrece trabajar como consejero cuando termina su mandato y forma parte del consejo".

 

En su conferencia de prensa en Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo federal señaló que no estaba de acuerdo con la decisión del máximo tribunal de justicia del país.

 

"Ahora la Corte nos corrige la plana porque en nuestra Ley de Austeridad se estableció que un alto servidor público después de dejar su empleo, no puede irse a trabajar a una empresa particular vinculada a su labor anterior. El Banco de México, todos los que terminan van a la banca privada o de la banca privada al Banco de México, una mezcolanza, una inmoral promiscuidad política administrativa, no estoy de acuerdo con eso".

 

El presidente López Obrador dijo que analiza volver a replantear ese candado en la Ley de Austeridad Republicana.

 

"Hay que buscar la forma, no me voy a quedar callado ante estas aberraciones. Sí, es que ya nos ofendieron, por decir lo menos, con estas prácticas, entonces vamos a continuar".

 

El lunes, la SCJN declaró la invalidez de la norma que prohíbe a altos exfuncionarios públicos emplearse en la industria privada como establece la Ley Federal de Austeridad Republicana.

 

Por unanimidad de 11 votos, los ministros de la Corte resolvieron que la norma fija un plazo innecesariamente largo para que los exfuncionarios de alto mando puedan emplearse en las empresas a las cuales vigilaban o regulan desde el gobierno. 


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