Oposición presenta propuesta alternativa de Reforma Eléctrica

Rebeca Marín

 

La coalición Va por México conformada por PAN, PRI y PRD, que estuvo a punto de la fractura, presentó 12 puntos que debe contemplar la reforma eléctrica, y mismos que anunciaron que votarán en contra de la propuesta de iniciativa que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador al Congreso de la Unión.

 

Los dirigentes de los tres partidos, Marko Cortés del PAN, Rubén Moreira del PRI y Jesús Zambrano del PRD, junto con los coordinadores parlamentarios de la Cámara de Diputados y secretarías generales, en conferencia de prensa anunciaron la continuidad de la coalición y acabaron con las especulaciones.

 

Jesús Zambrano Grijalva, presidente del Partido de la Revolución Democrática dejó en claro que "se frenan todo tipo de especulaciones, seguimos caminando juntos y hay un rechazo a la iniciativa retrógrada del Presidente. La coalición estaba en una situación de debilidad y hasta posible fractura, ahora la coalición está firme y hay oposición".

 

Advirtió que Morena no le hizo grandes cambios a la iniciativa del Presidente, pese a los parlamentos abiertos, "salvo algunos pequeños cambios", pero que esta no va a pasar. Además, espera la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para las acciones de inconstitucionalidad "en vísperas de la que la Corte atienda estas acciones de inconstitucionalidad, estará a prueba sobre su poder, para ver si se sujeta a los mandatos de Palacio Nacional o no".

 

Por lo tanto, Va por México, presentó 12 puntos de su propuesta a la contra propuesta, la cual establece el acceso a la energía eléctrica como un derecho humano el acceso a la energía eléctrica, que debe ser de forma suficiente, continua, limpia, segura, sustentable y accesible, donde el Estado debe establecer los mecanismos necesarios para que el acceso sea a los costos más bajos y estables posible.

 

Se establecen mecanismos que permitan a los ciudadanos generar su propia energía o comprarla a los precios más bajos y estables posibles, además se garantizarían tarifas más bajas (se garantizará energía eléctrica de forma gratuita) a jefas de familia y a grupos vulnerables mediante la aplicación de subsidios focalizados o, donde sea posible, a través de la instalación de sistemas de generación de energía eléctrica en pequeña escala ya sea en los hogares o en forma comunitaria, en modalidad de generación distribuida.

 

También, transforma CFE en Suministro Básico en una empresa del Estado independiente, es decir, Suministro Básico del Ciudadano; se establecerían mecanismos de subastas de cobertura eléctrica de mediano y largo plazo como medida específica de protección al usuario o consumidor y se elaborará un manual específico para la protección de los derechos del usuario.

 

En transición energética, Va por México busca que la obligación del Estado para conducir la transición energética, con la participación del sector público, privado y social; establece la transición energética como objetivo fundamental para el Estado en la lucha al cambio climático y al cumplimiento de los acuerdos internacionales en materia.

 

Se corrigen los errores y los excesos del pasado y se acaba con la simulación tales como, crear un modelo para incentivar la migración de los contratos legados, obligando a las centrales que tengan 10 años de operación a migrar su permiso al modelo establecido en la Ley de la Industria Eléctrica en un plazo no mayor a un año, en virtud de que se considera que en ese tiempo ya amortizaron su inversión.

 

Se buscará la oportunidad para que negocios y empresas más pequeños puedan acceder al mercado eléctrico y sus beneficios, como costos más bajos de energía o energía limpia, disminuir el suministro calificado de 1 mega a medio mega y se establece un periodo de 4 años para que el umbral quede en 100 KW. Las empresas que cumplan con el tope de consumo podrán optar por mantenerse en el Suministro Básico o migrar al mercado eléctrico mayorista.

 

La propuesta fortalece la Regulación del Mercado y se otorga autonomía constitucional a la Comisión Reguladora de Energía. De igual forma, el Estado mantiene, reafirma y fortalece su rectoría en el sector eléctrico a través de la planeación del mismo con la constitución de la Comisión Nacional de Redes Eléctricas, Organismo Autónomo del Estado.

 

CENACE absorbe la planeación general del Sistema Eléctrico y la Transmisión y Distribución (CFE transmisión y CFE distribución) y se transforma en la Comisión Nacional de Redes Eléctricas.

 

En el punto octavo habla del fortalecimiento de la Comisión Federal de Electricidad a la que se le otorga autonomía presupuestaria y de gestión a CFE, operando fuera del Presupuesto, con órganos de gobierno corporativo, independiente y profesionales, pero conservando la rendición de cuentas como organismo público.

 

Fomentar la penetración del uso de energías renovables en donde se promueve la generación distribuida mediante modelos de financiamiento para diferentes tipos de usuarios y elevando el límite de generación distribuida a un megawatt, el doble de lo permitido actualmente.

 

Referente al otorgamiento de permisos para dar seguridad jurídica a los proyectos, la coalición modifica el procedimiento para la instalación de una nueva central de generación eléctrica a través del establecimiento de un procedimiento único el cual se sustentará en los siguientes pasos: a) Interconexión con el Centro Nacional de Redes Eléctricas (antes CENACE); b) Impacto Ambiental, Social, y Antropológico; c) Permiso de Generación (CRE).

 

En el punto once, refiere la coalición que la reformulación del modelo de CEL para alinearlo con los IREC (Certificados internacionales de energía renovable) estos pasan de ser nacionales a internacionales, alineando el criterio de expedición a los IREC. De esta forma las empresas mexicanas podrán acreditar internacionalmente su cumplimiento en materia ambiental.

 

Se expiden como modelo de contabilidad de energía renovable generada y elimina el carácter de los CEL de certificado financiero, pero se cumple con los compromisos y contratos ya establecidos antes del decreto.

 

Y por último, punto doce, la coalición advierte que el litio será propiedad del Estado, pero su aprovechamiento seguirá las reglas del petróleo, rondas para exploración y extracción de los minerales para garantizar en todo momento al Estado la propiedad, así como ganancias de esta actividad. 


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