Aunque igual se da en otros estados, los casos emblemáticos están hoy en la Fiscalía General de la República, con Alejandro Gertz Manero, y en la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, con Ernestina Godoy Ramos.
Ambos llegaron a propuesta del Presidente y de la jefa de Gobierno, respectivamente, y fueron aprobados por congresos con mayoría de Morena.
En otros países los fiscales son autónomos y pueden enjuiciar a todo tipo de políticos; del Presidente hacia abajo.
Cuando ambos personajes fueron nombrados, Morena decretó el final de la impunidad y de la corrupción, pues antes los procuradores eran puestos por los gobiernos en turno, y ahora son elegidos por los congresos.
Pero los morenistas ignoraron la prohibición de proponer a personajes ligados a ellos. Incluso en el caso de Ernestina violaron la Constitución local, pues de diputada local pasó a fiscal, lo cual está prohibido; hoy le responde a Claudia Sheinbaum.
En el caso de Gertz Manero, de inmediato empezó a usar el cargo en su beneficio personal; Godoy Ramos, para las venganzas personales de su jefa. Los ciudadanos ven los manejos que se hacen con los aparatos de Justicia, igualito o peor que antes.
En cualquier país del mundo ninguno de ellos permanecería en el cargo: estarían bajo juicio o habrían tenido la decencia de renunciar; eso no va a pasar.
Son posiciones vitales para armar juicios a la carta contra los enemigos de la transformación. Ninguno de los dos será removido, a pesar de que sería un buen mensaje de Morena hacia la ciudadanía.
No ocurrirá por el simple hecho de que la 4T ya no tiene la mayoría que detentaba tanto en San Lázaro como en Donceles, y no se ve cómo podría lograr los consensos necesarios para convencer a la oposición.
Alejandro y Ernestina están blindados y no precisamente por honestos, sino por lo serviles que resultan. Tendrían que llegar verdaderos personajes autónomos.
En la CDMX, además de Ernestina, se tendrían que ir el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Rafael Guerra, y los jueces que decidieron encarcelar a una ciudadana inocente, basados en un delito inexistente.
¿En serio no habrá consecuencias ante esta aberración, que llegó a su fin porque los familiares de las afectadas tuvieron capacidad de movilización para denunciarlo, no porque la autoridad haya rectificado?
¿Cuántos casos están así y los afectados no tienen los recursos para mover a la opinión pública? ¿El Consejo de la Judicatura, la Comisión de Derechos Humanos y el Congreso de la CDMX no harán nada al respecto?
La señora Morán debería demandar la reparación del daño y que se investigue a Ernestina y a los jueces, nomás para descartar el dolo.
Qué triste que la 4T haya prostituido las fiscalías a las primeras de cambio; difícilmente la ciudadanía volverá a creer en ellas.
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