El sistema de justicia mexicano no se rompe en los tribunales, sino mucho antes, esto sucede en las fiscalías, en el Ministerio Público y en las cárceles. Son estos tres componentes los que constituyen el núcleo más podrido de un sistema que, lejos de garantizar justicia, reproduce la impunidad, perpetúa la corrupción y se convierte en una amenaza para los ciudadanos en lugar de protegerlos.
Las fiscalías, comenzando por la General de la República y replicadas en los estados, padecen de una corrupción estructural. La discrecionalidad del Ministerio Público para decidir si se abre una investigación, si se ejercita acción penal o si simplemente se "pierde" la carpeta, convierte a esta figura en juez y parte, sin ningún contrapeso real. No existe control ciudadano ni rendición de cuentas efectiva. Además, la profesionalización es una promesa incumplida: la mayoría de los agentes del MP no tienen preparación suficiente, utilizan métodos anacrónicos de investigación y muestran una profunda insensibilidad hacia las víctimas, que terminan revictimizadas en su intento por obtener justicia. El MP es la figura más corrupta del sistema de justicia, la impunidad que se da en estos "servidores públicos" es verdaderamente espantosa, su trato no solo es displiscente, sino la mayoría de las veces es prepotente, déspota y sumamente corrupto, son extorsionadores profesionales.
A esto se suma la carga política: los fiscales suelen responder a los intereses del poder Ejecutivo, no al interés público. Por eso se archivan casos emblemáticos, se filtran a los medios, expedientes para dañar a opositores y se encubren redes criminales cuando conviene.
El panorama no mejora en el sistema penitenciario. Lejos de ser centros de readaptación, las cárceles mexicanas son auténticos centros de operaciones del crimen organizado. Desde dentro se planifican secuestros, extorsiones, cobros de piso y asesinatos. Las autoridades lo saben y, en muchos casos, lo permiten o participanen ello. Las cárceles están sobrepobladas, dominadas por grupos delictivos y sostenidas por custodios corruptos que cobran "renta" a los internos para permitirles sobrevivir.
Tampoco existen programas serios de reinserción social. Quien entra a prisión no encuentra justicia ni rehabilitación, sino una universidad del crimen, donde el castigo no purga la culpa, sino que perfecciona la delincuencia. La violencia, la drogadicción, las enfermedades y la desesperanza son la constante.
El resultado de este engranaje disfuncional es una impunidad superior al 95%, según datos de organizaciones civiles. Esta cifra no refleja sólo ineficiencia, es el rostro de un Estado ausente, capturado o deliberadamente negligente. Así, la justicia en México se convierte en una ficción, donde la ley se aplica según el poder político o económico del acusado.
Reformar este sistema no implica sólo cambiar leyes o construir más reclusorios. Se necesita una transformación profunda, ética y estructural: fiscalías verdaderamente autónomas, agentes capacitados y vigilados, un Ministerio Público que rinda cuentas, y un sistema penitenciario que no sea campo fértil para la criminalidad, sino una vía real hacia la reintegración social.
Hasta que eso no ocurra, el ciudadano seguirá desprotegido, el criminal impune y el Estado mexicano sumido en una simulación de justicia.
De poco sirve el dato que ha dado Omar García Harfuch, de 18 mil detenidos, si no sabemos a que penales ingresaron, como van esas causas penales, etc. El trabajo realizado por el secretario de seguridad federal es asombroso, no solo comparado con los sucedido en tiempo de Rosa Icela Rodríguez cuyo trabajo en favor de la seguridad fue prácticamente nulo, sino comparado con muchos sexenios anteriores. El actual secretario es un hombre que sabe lo que hace, particularmente en materia de ineligencia y operación policial, sin embargo, casi todo ese trabajo de pacificación está muy lejos de proveer de justicia a los ciudadanos, quienes todos los días conocemos de asaltos no reportados, extorsiones del sistema de seguridad y justicia, abusos de autoridad y una impunidad detestable. México tendría que tener un acuerdo entre los estados de la unión, en donde los secretarios de seguridad estatales y los fiscales, se comprometan con la legalidad, caramba hacer un compromiso con la moral, eso haría una enorme diferencia en nuestro.
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