Martín Aguilar
Sin complicación alguna y de manera unánime, con 53 votos, se aprobó en el Congreso de la Ciudad de México el dictamen para terminar con prácticas abusivas en el espacio público por parte de los que se dedican a apartar lugares en las calles para estacionar vehículos, los denominados franeleros que pueden ser objeto de un arresto de hasta 36 horas sin posibilidad de conmutación por multa o trabajo comunitario por exigir, coaccionar o intimidar a una persona a cambio de vigilar, cuidar, lavar o aparcar un vehículo en la vía pública.
En el marco del periodo extraordinario de sesiones en el recinto de Donceles Allende que diputados locales aprobaron para sacar una serie de asuntos legislativos pendientes, fue avalado el documento a la iniciativa de la jefa de gobierno Clara Brugada Molina con lo que se adicionó la fracción XXXIX al artículo 3, el artículo 28 Bis para establecer infracciones especiales contra la seguridad ciudadana relacionadas con la ocupación de la vía y espacio público, último párrafo al Artículo 31 y reformar el Artículo 32 de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.
Dentro de un ambiente de armonía, sin manifestaciones afuera de la sede del Poder Legislativo local, se llevó a cabo la sesión con el registro de un quórum inicial de 40 congresistas de los 66, en la que el pleno tuvo conocimiento del dictamen para sancionar el uso indebido del espacio público por parte de personas que apartan lugares o exigen pagos a automovilistas, conocidos como franeleros o viene viene.
En el dictamen está previsto lanzar la campaña "El espacio público es de todas y todos", para informar a la ciudadanía sobre las conductas prohibidas y las vías de denuncia ciudadana, promoviendo el respeto al espacio urbano.
La finalidad es reducir las posibilidades de actos delictivos como la extorsión, el daño a la propiedad, amenazas, robo de vehículos, robo de autopartes y lesiones.
Correspondió al presidente de la comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso capitalino, el diputado morenista Alberto Martínez Urincho, el presentar y fundamentar el documento, del que dijo se dirige a una política pública que establezca sanciones específicas, con irrestricto respeto a los derechos humanos.
"El propósito es que las personas gocen de la movilidad, al uso y disfrute del espacio público, reducir las posibilidades de actos delictivos como la extorsión, el daño a la propiedad, amenazas, robo de vehículos, robo de autopartes y lesiones", acotó.
Todo va dirigido a sancionar a quienes realizan las conductas que afectan derechos de terceras personas por obstruir, estorbar o impedir el uso de la vía y espacio público; coaccionar a habitantes de la capital del país o visitantes para obtener dinero; así como cobrar por el uso de un espacio público que no les pertenece.
Un posicionamiento generalizado surgido en el Poder Legislativo local, en la sesión del extraordinario que condujo la presidenta de las Mesa Directiva del Congreso, Martha Soledad Ávila Ventura, es que resulta prioritario recuperar el derecho de todos al espacio público y ofrecer alternativas de inclusión laboral a quienes hoy operan en la informalidad.
Quedó claro que el arresto de hasta 36 horas, ya no podrá sustituirse por multas ni por trabajo comunitario, con un endurecimiento de la respuesta frente a la tarifación y amenazas.
El dictamen es acompañado por un esquema de empleo formal y fomento al emprendimiento para quienes desempeñan la actividad de apartar lugares en la vía pública, mediante un censo de franeleros y apoyo de las Secretarías de Trabajo y Fomento al Empleo (STyFE) y de Desarrollo Económico (SEDECO).
Con los 53 votos a favor y ninguno en contra, los representantes populares mostraron disposición de recuperar la vía y espacio público e inhibir delitos como amenazas, intimidación, extorsión, robo de vehículos y autopartes, lesiones o daños en propiedad ajena, por parte de personas que apartan lugares en la calle mejor conocidos como franeleros o viene viene.
La coordinadora de la fracción parlamentaria de Morena, Xóchitl Bravo Espinosa, al hacer uso de la tribuna para posicionar con la representación del partido en el poder, dijo que el dictamen "es emanado de la voz de la ciudadanía, presentado por la jefa de gobierno, Clara Brujada, en este Congreso".
Refrendó que la finalidad es regular el uso del espacio público; que no se pueda concesionar; sujetar a algún tipo de violencia; no haya uso indebido de las calles, por parte de algunas personas.
Precisó que con ello se crea política pública para las personas que viven como franeleros, porque "del otro lado tenemos que ver y tenemos que reflexionar que hay familias que también dependen de esta actividad".
Expuso que la administración capitalina también crea alternativas de empleo para los viene vine; se dará capacitación a quienes se dedican a esta actividad. "Lo que se está garantizando es la libertad de tránsito; que estemos de manera pacífica conviviendo en el espacio público".
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