Nombran a Lazzeri Montaño frente a Nafin-Bancomext tras renuncia de Ramírez Pineda

Rebeca Marínn

 

Luis Antonio Ramírez Pineda renunció a la dirección general de Nacional Financiera (Nafin) y el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), mientras que su hermano Heladio Elías también dejó su cargo como director jurídico de la Auditoría Superior de la Federación (ASF); este último tras una denuncia por acoso.

 

Ahora, la dirección general de Nafin y Bancomext será ocupada por Roberto Lazzeri Montaño, quien se desempeñaba como jefe de la Oficina de Coordinación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

 

El nuevo directivo llega en medio de la transferencia de los fideicomisos de CIBanco e Intercam a la banca de desarrollo, tras los señalamientos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presunto lavado de dinero y financiamiento al crimen organizado.

 

De acuerdo con la SHCP, la transferencia de dichos fideicomisos a la banca de desarrollo será de manera temporal, pues se tiene previsto que a mediano plazo se muevan a la banca privada.

 

La llegada de Lazzeri Montaño también se da tras las renuncias de los hermanos Luis Antonio Ramírez Pineda y Heladio Elías Ramírez Pineda.

 

El diputado Javier Herrera Borunda, presidente de la Comisión de Vigilancia de la ASF, confirmó que la renuncia de Heladio Elías Ramírez Pineda como director jurídico de la ASF respondió a denuncias de acoso.

 

"Era un funcionario que tenía una queja y se actuó en consecuencia. En algún momento se pidió su renuncia, porque esos temas siempre se atienden con base en las quejas de los propios trabajadores", dijo en entrevista con El Sol de México.

 

El legislador del PVEM puntualizó que, al ser la ASF un órgano con autonomía técnica, no está obligada a informar a la Comisión de Vigilancia sobre este tipo de movimientos. Sin embargo, subrayó que la salida de Ramírez Pineda fue resultado directo de un procedimiento interno.

 

"Es importante que este tipo de casos se resuelvan, porque fortalecen la credibilidad de las instituciones de fiscalización", afirmó. Fuentes legislativas endurecieron los señalamientos al denunciar que Ramírez Pineda habría obligado a una de sus víctimas a tatuarse su firma. 

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