Rebeca Marín
Por las medidas arancelarias que ha impuesto la administración del presidente Donald Trump al tomate mexicano, el gobierno de México plantea la posibilidad de instalar, en territorio nacional, más plantas para procesar el alimento y abastecer el mercado de exportación y el local.
La presidenta Claudia Sheinbaum informó que a través del titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Julio Berdegué, se ha establecido contacto con los productores de tomate para saber qué apoyos necesitan y se está trabajando para ver cómo se puede apoyar a los pequeños agricultores con la fianza que requieren para exportar, a partir de distintos esquemas.
En el marco del 4º Congreso Interamericano de Agua, Suelo y Agrobiodiversidad, el funcionario dijo que se iniciaron pláticas con las cinco asociaciones que representan las alrededor de 260 empresas exportadoras en México.
Algunas grandes y otras pequeñas, quienes identificaron la necesidad de los precios mínimos, que no es la única medida, sino parte de un conjunto de propuestas, "todas cien por ciento consensuadas con la industria y van a permitir continuar con la exportación de manera ordenada para no dar ninguna excusa de que aquí hay algún problema", informa el Portal especializado Imagen Agropecuaria.
En días pasados, la primera mandataria destacó que el establecimiento de precios mínimos a la exportación del tomate, anunciada el fin de semana por el gobierno federal, fue una propuesta de los propios productores de tomate, desde el pequeño hasta el gran agricultor, "para evitar que algunos productores tuvieran precios más bajos y no fuera justo para todos los productores, la exportación".
El acuerdo fue propuesto para que todos los agricultores, grandes y pequeños, tuvieran la misma posibilidad de seguir exportando a pesar del 17% de arancel que impuso el gobierno de los Estados Unidos a este alimento.
El titular de Agricultura sostuvo que desde antes que Estados Unidos anunciara unilateralmente que no iba a continuar con el acuerdo de suspensión, se iniciaron pláticas con productores de tomate para que en caso de que eso sucediera no quedará una situación donde cualquiera podía empezar a exportar tomate, incluso por debajo de sus costos para ganar espacio en el mercado y se produjera ahí sí, una situación de dumping, que hasta ahora no ha existido.
Refirió que la Sader, junto con las secretarías de Economía y la de Hacienda, y los productores, analizaron una serie de medidas que permitían garantizar ese ordenamiento del mercado para que nuestros agricultores sigan produciendo y exportando, porque no hay sustituto para el jitomate o tomate mexicano en los Estados Unidos, donde siete de cada 10 tomates que consumen los estadounidenses son mexicanos y no hay ningún otro país, ni ellos mismos, que puedan reemplazarlo.
El Consejo Nacional Agropecuario (CNA) consideró que el establecimiento de precios mínimos de exportación para el tomate fresco mexicano "resulta clave para proteger a productores y exportadores nacionales, preservar más de 400 mil empleos directos y mantener la estabilidad en un mercado estratégico como el de Estados Unidos".
El pasado 10 de agosto, las Secretarías de Economía y Agricultura publicaron en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un Acuerdo que fija precios mínimos de exportación para el tomate fresco de origen mexicano.
Tras el fin del Acuerdo de Suspensión de la Investigación Antidumping con Estados Unidos.
La medida busca proteger la planta productiva nacional, evitar distorsiones en el mercado internacional y garantizar el abasto al consumo interno, tras la terminación, en julio de 2025, del Acuerdo de Suspensión de la Investigación Antidumping en Estados Unidos.
El precio mínimo (en dólares por kilo) será:
Tomate Cherry: $1.70
Tomate bola: $0.95 | Con tallo: $1.65 | En racimo: $1.70
Tomate Roma (saladette): $0.88
Tomate grape (uva): $1.70
Otras variedades (Cocktail, Campari, Kumato, Mini Roma, Heirloom, Pera, Medley, San Marzano, otros): $1.70
Entre los puntos clave del Acuerdo se encuentran que aplica únicamente a exportaciones definitivas, no busca restringir volúmenes ni fijar precios máximos, sino mantener el orden en el comercio exterior del sector; además, los precios serán revisados anualmente o antes si las condiciones del mercado lo requieren.
Con esta acción, el Gobierno de México, a través de Economía y Agricultura, refuerza su compromiso con la competitividad agrícola, el empleo digno en el campo y la soberanía alimentaria del país.
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