Rebeca Marín
Desde 2022, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) alertó sobre fallas en los sistemas de control y vigilancia de los puertos ubicados en el Golfo de México, recintos manejados por la Secretaría de Marina por donde ingresaron embarcaciones con hidrocarburos importados que no pagaron impuestos y que forman parte de la red de corrupción conocida como huachicol fiscal.
El órgano fiscalizador también advirtió desde hace tres años que la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) presentaba vacíos en sus esquemas de vigilancia y evaluación de riesgos.
En la auditoría de cumplimiento 2021-2-13J2Y-19-0001-2022, publicada en 2022, la ASF señala que la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) Altamira "no contó con un comité o grupo de trabajo en materia de auditoría interna para el tratamiento de asuntos relacionados con la institución", omisión que impide tener un control riguroso sobre las embarcaciones que hacen uso de las instalaciones portuarias.
Fue justamente en el puerto de Altamira, Tamaulipas, donde se detectaron los primeros indicios del huachicol fiscal. El pasado 19 de marzo, autoridades federales aseguraron 10 millones de litros de combustible ilegal que llegó al puerto tamaulipeco procedente de Texas en el buque Challenge Procyon.
La misma auditoría, publicada en octubre de 2022, advertía que la Asipona de Altamira "no estableció un comité de administración de riesgos, encargado de vigilar la evaluación de los peligros que amenazan el logro de las metas y objetivos institucionales".
Para Michel Levien, especialista en estrategias anticorrupción y contra el lavado de dinero, el huachicol fiscal es un ilícito que entraña corrupción de personal en varios niveles. "En este abanico entra desde la persona encargada de hacer las verificaciones en aduanas hasta los altos mandos que se hacen de la vista gorda y colaboran con las redes criminales".
Aunque son varios los puertos involucrados el huachicol fiscal, un negocio estimado hasta ahora en tres mil millones de pesos, las principales operaciones ocurrieron en los recintos de Altamira, Tampico y Veracruz, los puertos más accesibles para las mercancías provenientes de Texas.
Según las investigaciones que realiza la Fiscalía General de la República (FGR), el 2 de junio de 2023 el buque cisterna Pis Parangon, bajo bandera de Singapur, atracó en el puerto de Altamira; su carga era 6.4 millones de kilos de aditivos para aceites lubricantes, categoría que se utilizaba para disfrazar el ingreso de hidrocarburos.
La auditoría de 2022 también refiere que Asipona Altamira no aplicó una evaluación del control interno o de riesgos a los sistemas informáticos; tampoco acreditó contar con actividades de control para mitigar los riesgos identificados que, de materializarse, pudieran afectar la operación, lo cual no se comunicó a las autoridades rectoras".
La porosidad de los sistemas de control y vigilancia también ha caracterizado a la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) Veracruz, otro de los recintos por los que han llegado procedentes de Estados Unidos hidrocarburos disfrazados de lubricantes.
La auditoría de cumplimiento forense 2023-2-13J3E-23-0011-2024 advierte que los servicios de vigilancia se delegaron en la empresa Sepiver SA de CV, la cual resultó ser negligente. Según el contrato GAF-DIR-CS-002/22, la firma se había comprometido en 2023 a realizar tareas de vigilancia las 24 horas del día, los 365 días del año, pero ningún servidor público pudo mostrar documentación comprobatoria de que se haya realizado esta tarea tan sensible.
El contrato detalla que las obligaciones de Sepiver eran: protección de las instalaciones y mercancías, controlar el acceso peatonal, vehicular y ferroviario; operar los equipos de arcos detectores de metales, equipos de inspección por rayos X, barreras vehiculares y puertas ubicadas en los accesos a los recintos portuarios.
También debía ejecutar rondines de inspección; vigilar y reportar las condiciones del sistema de iluminación en vialidades e instalaciones; verificar el estado de las protecciones físicas (bardas, cerco malla, cerca de alambre de púas, barreras, puertas, portones, cadenas, etc.); colaborar y apoyar las actividades de protección del puerto; vigilar que las maniobras de atraque y desatraque de las embarcaciones en los muelles que sean efectuadas en las áreas de manera segura; vigilar el resguardo de los registros eléctricos, muretes, subestaciones eléctricas, entre otras.
Ante la negligencia descubierta, la ASF promovió una Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria "para que el Órgano Interno de Control o su equivalente en la Administración del Sistema Portuario Nacional Veracruz, S.A. de C.V. realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de las personas servidoras públicas que no vigilaron, no controlaron ni supervisaron la ejecución de los trabajos que la empresa Sepiver, S.A. de C.V. debía cumplir".
Hasta 2021, la Administración General de Aduanas (AGA) formó parte de la estructura de la Secretaría de Hacienda. A partir de 2022, los puntos comerciales fronterizos del país están a cargo de la Secretaría de Marina, bajo el nombre de Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM).
Con la revisión de los entregables se determinó que la empresa no acreditó la plantilla de personal de los guardias de seguridad que prestan el servicio, la póliza de responsabilidad civil y el convenio de confidencialidad
Señala documento de la ASF
Esta nueva instancia también ha dejado ver fragilidades en los esquemas de control, vigilancia y seguridad. La auditoría de cumplimiento: 2022-5-06H00-19-0011-2023 muestra que en 2022 se contrató a la empresa Contratistas y Logística Especializada, SA de CV para hacerse cargo de la vigilancia de 64 inmuebles ubicados en 52 puntos fronterizos.
Para Guillermo Valdés Castellanos, exdirector del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), la compra del combustible se realiza en Estados Unidos para posteriormente importarlo a México y venderlo a diversas empresas, encargadas de distribuirlo a través de empresas comercializadoras y transportistas, vendiendo el combustible a un menor precio que el establecido en el mercado nacional.
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