Martín Aguilar
La fuga del interno Marvin Didier "N" del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente no fue un incidente aislado, advirtió el integrante de la fracción parlamentaria del PAN en el Congreso de la Ciudad de México, Mario Enrique Sánchez Flores, al exponer que el hecho evidenció las fallas estructurales en la cadena de mando y en la seguridad penitenciaria.
El legislador panista, en ese mismo sentido, se congratuló por la recaptura del evadido en Magdalena Contreras, pero aclaró que el problema de fondo sigue abierto.
"La recaptura de Marvin Didier no borra la fuga y si la seguridad de un penal depende de la suerte, ello implica que la autoridad del ramo no actúa de manera adecuada", detalló.
En su calidad de presidente de la Comisión de Justicia Cívica y Defensoría Pública del recinto de Donceles y Allende, presentó un punto de acuerdo ante el pleno del Poder Legislativo local para exigir la separación inmediata del cargo del director y del personal de custodia involucrado mientras dura la investigación, y que se hagan públicos los criterios para el relevo.
Se mostró a favor de un informe técnico con cronología minuto a minuto, fallas específicas de control, estado real del perímetro (altura de bardas, luminarias, cámaras, puntos ciegos) y decisiones de mando adoptadas.
Asimismo, una auditoría perimetral externa y pruebas de estrés trimestrales: si un interno puede "leer" el penal como para evadirlo, el riesgo es sistémico.
También, protocolos y controles reforzados: pases de lista aleatorios, redistribución temporal de internos de mayor riesgo, y evaluación pública de incidentes/intentonas de evasión.
Para el representante popular de Acción Nacional es fundamental la transparencia de posibles conflictos de interés, por lo que con la representación del partido al que pertenece solicitó a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y a la Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina informar si existe algún vínculo de parentesco, subordinación jerárquica o relación de interés entre mandos penitenciarios y altos cargos de procuración de justicia, incluidos titulares y ex responsables como José Gerardo Huerta Alcalá, fiscal Anticorrupción y Ernestina Godoy, actual Consejera Jurídica federal. En caso de existir, demandó excusas y mecanismos de resguardo de la investigación.
Sánchez Flores al referirse al hecho, expuso que la fuga se detectó la noche del 23 de septiembre, durante el pase de lista; el interno estaba procesado por tentativa de homicidio.
Mientras que la FGJ investiga al director del penal, César Iván Pilares Viloria, y a custodios de turno y, por su parte, la SSC informó la reaprehensión del evadido menos de 24 horas después.
Señaló que el caso deja en evidencia un sistema que detecta la ausencia a posteriori y no previene la evasión necesita rediseño operativo, no sólo castigos ejemplares.
Indicó que si hay redes de lealtad o interferencias políticas que contaminen mandos penitenciarios, eso quiebra la confianza pública y vulnera el Estado de derecho.
La respuesta institucional, acotó, no puede ser narrativa; debe ser verificable y auditada.
Mario Enrique Sánchez, por lo que hace a las acciones parlamentarias inmediatas, se refirió a la presentación del punto de acuerdo con los cinco compromisos y un plazo de 72 horas para el informe técnico; en 15 días deberá entregarse la auditoría perimetral y, en 30s, un plan de mitigación con presupuesto, metas y responsables.
Requirió a la Secretaría de la Contraloría General y al Órgano Interno de Control, abrir expedientes de posible conflicto de interés y publicar declaraciones de intereses y rotación de mandos del Sistema Penitenciario de los últimos 24 meses.
Comprometió impulsar la comparecencia de la persona responsable de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario y de la FGJ para desahogar las líneas de responsabilidad desde el primer mando hasta el último supervisor.
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