Martín Aguilar
La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) de julio pasado de Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), revela que 12.6 por ciento de los hogares indican que, al menos, uno de sus integrantes fue extorsionado, además el 56.3 por ciento de las personas mayores de edad reportan tener conocimiento de delitos en su entorno, incluidas las extorsiones, difundió la integrante de la bancada del PAN en el Congreso de la Ciudad de México, diputada Lizzette Salgado Viramontes, al lamentar que esa es la realidad que se vive en la gran urbe.
Al precisar que con los gobiernos de Morena el delito de extorsión ha en la capital del país, la congresista panista expresó que, con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el país se pasó de 6 mil 721 extorsiones denunciadas en 2018, a 10 mil 240 en 2024, mientras que, en la urbe en esos mismos años, se pasó de 473 a 536.
En declaraciones a los medios de comunicación, dio cuenta que, en los primeros ocho meses del presente año ya se contabilizaban mil 18 denuncias, prácticamente más del doble del 2024.
Salgado Viramontes refirió que "no podemos negar que, en este tema, el peso de la cifra negra es muy alto, porque a nivel nacional 97 por ciento de las extorsiones no se denuncian; de hecho, entre 2023 y 2024 este porcentaje se incrementó ligeramente pasando de 96.7 a 97 por ciento".
La diputada del blanquiazul delineó que, en la sesión del pasado jueves del Congreso de la Ciudad de México, en su carácter de integrante del Constituyente Permanente, en la que se aprobó de manera unánime con 56 votos la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el inciso A) de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de extorsión, la bancada de Acción Nacional votó a favor con la aclaración de que "nuestro voto no es un cheque en blanco".
Abundó que no lo fue en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República, tampoco en el Congreso local, porque a la reforma debe seguir una Ley General y de ella tienen que derivarse leyes locales, programas específicos, acciones concretas, planes, programas y protocolos con recursos y resultados medibles.
Expuso que así lo reconoce la propia presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, en su iniciativa cuando dice que "es necesaria una Ley General para establecer políticas para prevenir el delito de extorsión en los tres órdenes de gobierno y desarrollar mecanismos de colaboración", entre otras acciones de combate a este delito.
Para Lizzette Salgado no faltará quien quiera presentar esta reforma como la ansiada respuesta a uno de los delitos más extendidos y que más lacera a familias y negocios. Incluso, fieles a su estilo, como la mayor prueba del compromiso con la sociedad.
Aseguró que en el PAN "no dejaremos este tema hasta que esta ciudad cuente con una política específica, con protocolos y con policías destinados a combatir las extorsiones y tengamos resultados concretos, con una cifra oculta menor que la actual y con menos delitos".
Precisó que es cierto que México necesita un marco legal uniforme, eficaz y con visión integral para combatir las extorsiones, pero también que la capital del país requiere un gobierno e instituciones de seguridad y justicia que hagan su trabajo, apliquen la ley y den resultados. "Hoy no es así, los números lo demuestran".
Sostuvo que el objetivo de los panistas es que las familias de la metrópoli y del país, vivan tranquilas, que su patrimonio esté protegido y que no trabajen para pagarle a la delincuencia, de la que el gobierno no puede proteger a la ciudadanía.
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