Martin Aguilar
Personas legisladoras del Congreso de la Ciudad de México, en su carácter de integrante del Constituyente Permanente, aprobaron de manera unánime con 56 votos la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el inciso A) de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de extorsión.
En la sesión que arrancó con un quórum de 54 de 66 congresistas, por parte de la asociación parlamentaria Progresista de la Transformación, fundamentó, el diputado Alejandro Carbajal González quien aseveró que con la reforma se otorgarán facultades al Congreso de la Unión para que expida una ley general en materia de extorsión, delito que afecta a las familias mexicanas y que actualmente se ataca con legislaciones estatales, que "permiten a las redes delictivas operar con ventaja, brincando de un territorio a otro y aprovechando las lagunas jurídicas".
Se desarrolló la sesión en un recinto de Donceles y Allende erigido como Constituyente Permanente, en el que, al hacer uso de la tribuna con la representación de la fracción parlamentaria de Morena, la diputada Martha Soledad Ávila Ventura sostuvo que el proyecto contó con un amplio respaldo de las fuerzas políticas tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República.
La morenista expuso que con los cambios constitucionales se homologa la ley y se cubren vacíos legales en las entidades federativas, y se establecen las bases para la coordinación de los tres niveles de gobierno en un modelo nacional para prevenir, investigar y sancionar estas conductas, y poner en el centro la protección de la sociedad y las víctimas.
Por su parte, la bancada del PAN, en voz de la congresista Lizzette Salgado Viramontes, destacó que la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, en el apartado referente a la Ciudad de México, señala que el 71.1 por ciento de los casos no denunciados, en parte son por causas atribuibles a la autoridad, entre estas, la extorsión.
Del grupo parlamentario del PRI, su coordinadora Tania Nanette Larios Pérez sostuvo que es necesario que se apoye a las y los policías mediante la reforma Constitucional del artículo 123 en materia de salario mínimo profesional.
Expuso que estos delitos, como la extorsión, son una herramienta de control del crimen organizado que mantiene la impunidad, por lo que su bancada ya ha presentado diversos proyectos para atender esta problemática, que va en aumento.
A su vez, el coordinador de la fracción parlamentaria del PT, su coordinador Ernesto Villarreal Cantú calificó la extorsión como el tributo de la delincuencia organizada que aplica sin distinciones, "y donde llega impone miedo, quiebra negocios y desgarra el tejido social".
Informó que datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), refieren que 9.7 de cada 10 de estos delitos no se denuncia; y dijo que la extorsión es consecuencia directa de los gobiernos neoliberales que generaron desprotección.
Del PVEM la vicecoordinadora de esa bancada la congresista Rebeca Peralta León, puntualizó que la reforma responde a una realidad alarmante, porque los principales afectados por las extorsiones son los comerciantes.
Estimó que esta reforma es un esfuerzo constitucional para combatir este problema de raíz y afirmó que se avanza hacia la recuperación de la seguridad y tranquilidad de la ciudadanía
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