Martín Aguilar
La subprocuradora de Asuntos Jurídicos de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) de la capital del país, Suadd Angélica Pérez Russ, reconoció que es importante fortalecer la protección ambiental y garantizar la certeza jurídica.
Por ello, le dio la bienvenida a la propuesta de reformar el artículo 34 de la Ley Ambiental de la Ciudad de México en materia de estudios de impacto ambiental, que permitirá la inclusión expresa de los conceptos de flora y fauna.
Delineó que ello, "asegura que cualquier daño a las especies amenazadas o en peligro de extinción sea motivo suficiente para negar un proyecto", en atención a la urgencia de conservar la biodiversidad, para lo que también propuso sustituir los peritajes obligatorios por la figura de prevención
En la mesa de trabajo "Instrumentos de vigilancia y regulación", en el marco del proceso de dictaminación de la iniciativa para reformar dicho artículo de la Ley Ambiental, organizada por la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica del Congreso capitalino, también participó en representación de la Secretaría del Medio Ambiente (SDE;A) local, el titular de la dirección general de Evaluación de Impacto y Regulación Ambiental, Amado Ríos Valdez, quien expuso la importancia de establecer la correcta definición de "especies en peligro de extinción", y los criterios correctos para preservar especies de flora y fauna en zonas donde se pretende hacer algún proyecto.
Asimismo, destacó la importancia de las áreas de la SEDEMA encargadas de regular estos temas, tal es el caso de la que tiene carácter de preventiva que es la responsable de obligar a pagar multas si se registran algún daño ambiental, así como la que tiene a su cargo el clausurar cualquier obra que no esté regulada correctamente.
Sostuvo que la Ley Ambiental actual permite un control total de la autoridad para que no existan obras irregulares.
La experta en autorregulación, certificación y auditoría ambiental, Gloria López Cruz, quien hasta el año pasado ocupó la dirección de Instrumentos Económicos y Auditoría Ambiental de la SEDEMA, explicó que los peritajes externos pondrían en tela de juicio lo que la autoridad ha resuelto en materia de impacto ambiental.
Dentro de ese contexto, dijo que no considera viable la intervención de un tercero, porque la ley ya considera la obligación de realizar visitas de comprobación; la institución cuenta con equipo técnico especializado, herramientas de apoyo y áreas que vigilan el cumplimiento de las autorizaciones.
En el ejercicio de intercambio de ideas y propuestas, la presidenta de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica, diputada de la bancada del PVEM Elvia Estrada Barba, aclaró que "la colaboración institucional, la escucha activa a distintos actores y la retroalimentación al trabajo legislativo, es indispensable para lograr mayores consensos y mejores procesos en comisiones para que las iniciativas tengan un mejor destino".
Agradeció las observaciones técnicas que aportan elementos a la dictaminación de la iniciativa dirigida a garantizar la protección de la flora y fauna ante desarrollos inmobiliarios, en particular de especies amenazadas y en peligro de extinción.
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Recalcó que es importante tener cuidado en las consideraciones de la flora y fauna para tampoco prohibir o cancelar algún proyecto, por lo que deben realizarse algunas modificaciones, delimitar con precisión y revisar los casos que deben analizarse con detenimiento.
Por su parte, el promovente de la iniciativa, diputado de la fracción parlamentaria del PAN, Andrés Sánchez Miranda, puntualizó que la actual ley no hace diferencia entre los tipos de especies amenazadas y en peligro de extinción por construcciones o desarrollos inmobiliarios.
Aseveró que se debe precisar que, ante cualquier daño a la flora y fauna de la región, así como la negativa de evaluación de impacto ambiental, no se autorice dicho estudio.
Estimó que con la reforma se dotará de mayores herramientas técnicas y administrativas a la SEDEMA para determinar peritajes y que éstos sean realizados por la institución y no por actores externos.
Indicó que las modificaciones son necesarias para poder cerrar vacíos legales, fortalecer la certeza jurídica y prevenir las irregularidades cometidas por los desarrolladores.
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