Rebeca Marín
Permisionarios del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), solicitaron de manera urgente a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y la Secretaría de Marina (Semar), que realicen operativos para desalojar a 70 taxistas "piratas" que operan de manera ilegal frente a las terminales 1 y 2 de la terminal aérea.
De hecho, los inconformes manifestaron que por fortuna la SICT ya inició el proceso de revocación de las concesiones de esos autos de alquiler, que fueron obtenidas de manera completamente ilegal.
Los taxistas autorizados, quienes solicitaron el anonimato para evitar represalias, especificaron que existe una empresa con razón social Casa dey, --cuya propietaria es Guadalupe Espinosa, presunta esposa de José Alfredo Hurtado Olascoaga, uno de los líderes de La Familia Michoacana- opera sin pagar contraprestación además de que actualmente debe 10 millones de pesos por ese concepto y de manera arbitraria usa los estacionamientos, así como las bahías de carga y descarga.
Señalaron que de acuerdo con testimonios de pasajeros, cuando han abordado una de las 70 unidades de Casa dey, los choferes --quienes no están certificados- les ofrecen droga, así como servicios de hombres y mujeres scorts e incluso hasta les recomiendan hoteles de lujo para que tengan encuentros sexuales.
Destacaron que además, los vehículos de esa empresa perdieron un amparo luego de que se demostró que en 2022 Guadalupe Espinosa falsificó una serie de documentos para obtener sus 70 taxis con la ayuda de ex funcionarios del AICM que tienen dudosa calidad moral y que actualmente se encuentran bajo investigación de las autoridades federales.
Los inconformes resaltaron que por si fuera poco, los taxis de la empresa Casadey no cuentan con seguro para el pasajero, por lo que no garantizan una responsiva en caso de sufrir algún tipo de accidente automovilístico o robo durante el viaje.
Aseguraron que cuando es temporada de pasar la revista vehicular, Guadalupe Espinosa --quien por cierto estuvo recluida en el Penal Femenil de Santa Marha Acatitla- no somete a ese procedimiento a sus unidades, toda vez que quiere evitar sanciones debido a que no cuentan con los permisos necesarios para fungir como taxis en el AICM.
"Mientras que nosotros llevamos más de 40 años prestando nuestros servicios de manera bien reglamentada, esa persona (Guadalupe) siempre se escuda en un discurso feminista y discriminativo para justificar su piratería, sus servicios irregulares, sus precios elevados, su evasión de pagos administrativos, así como su competencia desleal", concluyeron los permisionarios autorizados.
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