Pese a los ataques de autoridades durante 10 años
Aunque las autoridades no quitan el dedo del renglón, luego de casi 10 años de constantes golpeteos, y descalificaciones contra Francisco Javier Rodríguez Borgio dueño de la empresa Big Bola, la justicia federal ordenó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que lo retirará de su lista de personas bloqueadas.
Y esque desde el 2012, las investigaciones a los hermanos Rodríguez Borgio por varias causas, entre ellas, el lavado de dinero en sus casinos, venta de combustible robado a ductos de Pemex, la venta irregular del equipo de futbol Gallos de Querétaro, así como en la trama del abogado Juan Collado para apoderarse de la Caja Popular Libertad, simplemente no arrojaron resultados contra su integridad.
Supuestos delitos que no le han podido cuadrar, debido a que cuenta con los elementos suficientes para echar abajo acusaciones infundadas.
Lo cierto es que a través de la cadena de casinos con razón social Bisg Bola, genera 3 mil empleos para igual número de familias que cubren sus necesidades primordiales, y pueden dar educación a sus hijos.
Ante tal situación la UIF tuvo que sacar de inmediato de su lista de personas bloqueadas a la cadena de casinos Big Bola y a su dueño, el empresario Francisco Javier Rodríguez Borgio.
Mediante el Acuerdo 72/2022, el titular de la UIF, Pablo Gómez, dejó sin efectos el Acuerdo 143/2021, mismo que fue promovido por su antecesor Santiago Nieto desde el año pasado.
De ahí que estaba incluido a Rodríguez Borgio y sus empresas Comercial de Juegos de la Frontera razón social de Big Bola, e Inmobiliaria JRB en la lista de bloqueados, por sospechas de lavado de dinero en temas de huachicol y relaciones con casos como los de Caja Libertad y Oceanografía.
El pasado 7 de abril, la UIF pidió a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) levantar el bloqueo de las cuentas, en ejecución del amparo 929/2021, concedido a Big Bola por un juzgado federal auxiliar con sede en Culiacán.
La UIF ejecutó el amparo, pese a que a finales de marzo lo impugnó ante el Décimo Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa. El 25 de abril, Pablo Gómez dió seguimiento, y envió un oficio al tribunal colegiado para desistir de su recurso, informando que ya había liberado las cuentas.
REFORMA publicó este lunes que Big Bola presentó el 9 de mayo un nuevo amparo, ahora contra el bloqueo de 55 cuentas bancarias.
"El 22 de abril de la presente anualidad, persona autorizada acudió a una sucursal del banco (nombre censurado por el juzgado), siendo atendido por un ejecutivo, el cual manifestó que las cuentas se encontraban 'embargada' por una autoridad de la cual no supo dar referencia, argumentando que la orden la había realizado la CNBV", afirmó Big Bola en su nuevo amparo.
El 12 de mayo, la jueza Blanca Lobo se declaró incompetente para llevar el asunto en la Ciudad de México, y envió el expediente a un juzgado de Querétaro.
La empresa sostuvo ayer que las cuentas ya no están bloqueadas y el amparo solo busca detectar posibles bloqueos derivados de demandas civiles o mercantiles.
Big Bola también revisa algunos temas con el fisco. En mayo de 2018, el SAT le fincó un crédito fiscal de 591 millones de pesos, por omitir el pago de 144 millones de pesos de impuesto especial a las apuestas, así como aprovechamientos a la Secretaría de Gobernación, durante el ejercicio de 2014, sumados con actualizaciones y recargos.
El 26 de octubre de 2021, en la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) anuló el crédito fiscal, por haber sido notificado fuera de los plazos legales, pero el SAT todavía litiga el caso.
En 2019, antes de la pandemia, la casinera reportó ingresos totales por 2 mil 844 millones de pesos. Big Bola opera un sitio de apuestas en línea desde 2016, así como veinte casinos en los estados de Sinaloa, Estado de México, Veracruz, Campeche, Guanajuato, Querétaro, Puebla, Sonora y la Ciudad de México, al amparo de un permiso de la Secretaría de Gobernación expedido en 1997.
En diciembre pasado, Francisco Javier Rodríguez Borgio realizó un acuerdo con el SAT para realizar el pago de más de 21 millones de pesos de adeudos del Impuesto sobre la Renta (ISR) en parcialidades.
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• "No somos Narco-UPOEG, no tenemos gente alterna, de fuera, que va a venir a nuestro municipio", aclaran.
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