De 15 millones de trabajadores, solo el 1.1 millón labora con un salario digno: ACFP

Rebeca Marín

En el Valle de México, que incluye el Estado de México y Ciudad de México, la región más próspera del país, sólo 1 millón 192 mil personas tienen trabajo digno; es decir, un empleo con ingreso suficiente para sostener a una familia y con seguridad social, el resto de las personas en edad y en condiciones de trabajar están excluida del mercado laboral (5 millones 551 mil) o laboran en condiciones precarias, con ingresos que no alcanza para adquirir 2 canastas básicas o sin seguridad social (7 millones 528 mil personas). 

En una conferencia virtual, Rogelio Gómez Hermosillo, Coordinador de Acción Ciudadana frente a la Pobreza, afirmó que el empleo y el salario en esta región del país se encuentra en semáforo rojo. La precariedad laboral afecta a una de cada dos personas que integran la fuerza laboral de la región.

 

Citó que, en la Ciudad de México, sólo un poco más de medio millones de personas (523 mil) tienen trabajo digno; 2 millones 521 mil trabajan en condiciones precarias, y 1 millón 898 mil están desocupadas y disponibles para trabajar o no disponibles para trabajar porque están ocupadas en labores del hogar y de cuidados, de ellas el 91% son mujeres.

 

En la capital mexicana, de cada 10 que tienen un trabajo formal, 48 personas no lo tienen o tienen trabajo precario o no lo tienen, no cuentan con seguridad social, para salir de la pobreza. Las personas con trabajo formal son menos del 10% del total de la población económicamente activa.

 

Resaltó que una de cada tres personas es excluida del trabajo en el Valle de México. Por cada persona que tiene un empleo formal en condiciones mínimas hay más de 6 personas que no lo tienen.

 

El activista destacó que la capital del país concentra 5 millones 589 mil personas en edad y en condiciones de trabajar. Mientras que en el Estado de México viven 10 millones de personas en edad productiva, sin considerar a estudiantes, jubilados ni personas con discapacidad.

 

En el Edomex es el estado con mayor número de personas en pobreza. Ahí mientras que solo 670 mil personas tienen trabajo digno, hay 5 millones trabajando en condiciones precarias y 3 millones 653 mil personas excluidas del mercado laboral.

 

Al dar a conocer el Semáforo de Trabajo Digno realizado a partir del análisis de los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo que levanta INEGI resaltó que en el caso de la exclusión del mercado laboral por estar ocupadas en quehaceres domésticos y de cuidados, el 94 por ciento de los casi 3 millones de personas en esa condición, son mujeres, en su mayoría mujeres jóvenes.

 

Recordó que a nivel nacional, el trabajo digno solo beneficia a 9 millones de personas, esto es: menos de la quinta parte de las personas ocupadas en México, mientras que 35.3 millones trabajan sin alcanzar un salario suficiente y/o ingresar a la seguridad social, en tanto que 24.6 millones de personas quedan fuera del mercado laboral por desempleo o por estar impedidas de buscar trabajo remunerado por sus quehaceres de cuidados o del hogar, de esta última cifra, la gran mayoría son mujeres (95%).

 

Frente a la Pobreza construyó el semáforo de Trabajo Digno para visibilizar la situación que es insostenible si se aspira a tener una economía en crecimiento con un mercado interno sólido que reduzca la dependencia de las exportaciones, aumente la recaudación fiscal para que el Estado puede financiar las transformaciones que se requieren, y sobre todo que se haga justicia, garantizando el acceso a la salud y al trabajo en condiciones de dignidad a todas y todos los mexicanos.

 

Gómez Hermosillo argumentó que en Acción Ciudadana Frente a la Pobreza pretende contribuir al debate nacional sobre la urgencia de poner los derechos laborales en el centro del modelo económico, a partir de un conjunto de propuestas escalonadas y de mediano y largo plazo.

 

La ruta parte del aumento al salario mínimo hasta fijarlo por arriba del costo de dos canastas básicas, con datos actuales, arriba de 7 mil pesos mensuales. Acelerar la puesta en práctica de la reforma laboral para favorecer la elección democrática de líderes sindicales que defiendan los derechos de los trabajadores, la legitimación de los contratos colectivos y la erradicación del outsourcing abusivo; fortalecer el apoyo a la capacitación y empleo de los jóvenes; promover la adopción voluntaria de nuevos estándares laborales en las empresas. 

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