Rebeca Marín
El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) otorgó el viernes pasado la libertad tarifaria a Telmex y Telnor en 52 municipios del país, con el argumento de que en estos puntos las empresas de Carlos Slim tienen menos de 50% de participación de mercado. Sin embargo, según un análisis realizado por la consultora The CIU, especializada en telecomunicaciones, esto solo es así en 10 de los 52 municipios.
Según la firma, que elaboró el estudio después de que el órgano regulador determinara darle a las empresas la independencia de aplicar sus propios precios en el servicio de banda ancha fija, en 81% de las localidades las compañías de América Móvil tienen una participación de entre 50% y 60% del mercado de las telecomunicaciones.
El problema, sostienen los directivos de The CIU, es que la medición realizada por el IFT solo contempla la participación de mercado en el segmento de banda ancha fija.
La decisión la toma el IFT tras identificar, por medio de un análisis, que en esos municipios Telmex y Telnor dejaron de ser las principales proveedoras de ese servicio, mientras sus principales competidores –Grupo Televisa, Megacable y Total Play– fueron ganando terreno en los últimos cinco años.
Entre 2015 y 2020, América Móvil pasó de 52.6% a 35.7% de participación de mercado en el servicio de banda ancha fija en las 52 localidades.
Megacable creció de 23% a 24.5% en el mismo periodo, Televisa pasó de 23% a 26.2% y Total Play se consolidó en estas localidades al pasar de 1.4% a 13.6%, según datos del instituto.
Gonzalo Rojón, director y senior partner en The CIU, asegura que esta medida es inconstitucional, debido a que según lo establecido en la reforma de Telecomunicaciones, la figura de preponderancia se le otorga al operador que tenga más de 50% de participación en el sector a nivel nacional, esto significa la inclusión de todos los servicios (telefonía móvil y fija, banda ancha móvil y fija, tv restringida y satelital) en todo el país.
"No puedes hacer la medición por un servicio porque la preponderancia claramente dice que es por todos los servicios', dijo el experto, quien explicó que el órgano regulador solo recurrió a la banda ancha fija, en la que se argumentó que hay un alto porcentaje de municipios (55.8%) en los que América Móvil solo tiene entre 30% y 40% de participación.
"Pero si agarramos todos los servicios, como lo menciona la definición de preponderancia, la historia está lejos de la situación que muestra el instituto: el 81% se encuentra en un rango de entre 50% y 60% de participación de mercado', detalló. 'Esto quiere decir que solo nueve de las localidades alcanzan una participación menor a 50% y solo uno es inferior a 45%, lo cual sigue siendo mucho'
Para Ernesto Piedras, CEO y director general de The CIU, realmente no hay competencia para América Móvil en el mercado, por lo que retirar las medidas regulatorias al agente económico preponderante es contraproducente para el mercado. Entre las principales consecuencias está el incremento de tarifas.
En la consultora aseguran que se avecina un alza de tarifas, primerio hacia los competidores y después a los consumidores finales. "Si las empresas empiezan a tener costos adicionales que ya no pueden soportar, entonces eso se le traslada al usuario. Lo que también puede derivar en una mala calidad del servicio".
Pese a esto, en un comunicado de prensa Telmex aseguró que mantendrá las tarifas de sus servicios residenciales y comerciales lo que resta de 2021 y durante todo 2022. El IFT se comprometió a monitorear anualmente que se cumplan condiciones impuestas para asegurar que existan los niveles de competencia adecuados que permitan ofrecerle al consumidor final un mejor servicio. "Nos encargaremos de supervisar anualmente.
Si vuelve a concentrar el mercado, automáticamente se elimina la libertad tarifaria y estos municipios donde se detectó el crecimiento del agente económico preponderante volverán a estar otra vez al control del insumo, conforme a las tarifas que determine el instituto", mencionó Víctor Manuel Rodríguez Hilario, director de la Unidad de Política Regulatoria del IFT.
Para los analistas de The CIU, no existe alguna razón por la cual se le deba liberar al agente económico preponderante y auguran que los operadores recurrirán a medios legales para 'tirar' esta resolución.
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