Martín Aguilar
Las familias de los 43 estudiantes de la escuela normal rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, desaparecidos la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, fueron seleccionadas como objetivo de espionaje, por parte de los clientes mexicanos de la empresa de cibervigilancia israelí NSO Group, creadora del 'malware' Pegasus.
Así lo revela este domingo una nueva investigación de la organización francesa Forbidden Stories, con la colaboración de 80 periodistas pertenecientes a 17 medios de 10 países y el apoyo técnico del Security Lab de Amnistía Internacional.
Si bien Citizen Lab había documentado cómo defensores de derechos humanos e investigadores implicados en el caso, fueron objetivo de los clientes mexicanos de la empresa Hacking Team, distribuidora de Pegasus, ahora se sabe de manera fehaciente que las familias de los normalistas también estuvieron en la mira.
Fue tras el 'carpetazo' que el gobierno de Enrique Peña Nieto le dio al caso en 2015, con la instauración de la llamada 'verdad histórica' que limitaba la responsabilidad de la desaparición de los estudiantes al alcalde de Iguala, José Luis Abarca, a su esposa, María de los Ángeles Pineda y al cártel Guerreros Unidos. Ello, sin tomar en consideración las evidencias que apuntaban al involucramiento de las fuerzas estatales, federales y el Ejército en los hechos, ya sea por acciones directas u omisiones deliberadas.
La versión del entonces procurador Jesús Murillo Karam, era que el cártel había incinerado a los estudiantes en el basurero de Cocula, lo que se demostró falso, de acuerdo con las investigaciones que demostraron la manipulación de las diligencias y la obtención de confesiones bajo tortura.
Con la información aportada por Pegasus Project, como se denomina esta investigación periodística de alcance internacional, se puede afirmar que tres familiares de los normalistas estuvieron dentro de la lista de objetivos mexicanos de uno de los clientes de NSO Group, compañía que solo vende su software a gobiernos.
Se trata de Melitón Ortega, tío del estudiante Mauricio Valerio; Cristina Bautista, madre de Benjamín Ascencio, y Felipe de la Cruz, padre de uno de los sobrevivientes de la masacre, y vocero de los padres hasta finales de enero de 2021, cuando se registró por una diputación plurinominal por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
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