Rebeca Marín
El paro de gaseros provocado por la intervención del Estado para fijar un precio máximo sin un análisis adecuado provocará no solo desabasto, sino también un mercado negro, encarecimiento de precios e informalidad, así como falta de inversión e innovación en el sector, lo que puede generar riesgos y problemas ambientales, alertaron empresarios.
Miguel Flores Bernés, presidente de la Comisión de Competencia Económica de la International Chamber of Commerce México (ICC México) explicó que el paro no está convocado por los distribuidores de gas, sino por los llamados comisionistas, que son personas independientes de las empresas gaseras que se contratan para la distribución y repartición de gas.
Indicó que este problema fue causado por el anuncio de la Comisión Regulatoria de Energía (CRE) al fijar precios máximos que no corresponden a la realidad del mercado, lo que ocasionará desabasto y mercado negro e informalidad, ya que muchos comisionistas pueden decidir irse a la informalidad para evadir la aplicación de estos nuevos precios.
"Esto demuestra que cuando el gobierno interviene en la economía, sin un estudio previo y un análisis adecuado, que debió haber realizado la Comisión Federal de Competencia (Cofece), tenemos estos problemas", apuntó Flores Barnés.
El paro de gaseros es la crónica de un "conflicto anunciado", declaró por su parte, Gerardo López Becerra, presidente del Consejo para el Desarrollo del Pequeño Comercio al alertar que este problema puede provocar desabasto, encarecimiento de precio, ocultamiento y mercado negro, lo que sería un golpe letal para miles de empresas de diversos sectores productivos, cuya actividad depende de este insumo, como es el caso de la industria de alimentos y restaurantes.
Al hacer un llamado a las partes (gobierno y gaseras) a la conciliación, López Becerra señaló en entrevista que nadie duda de las buenas intenciones del gobierno de reducir el precio del gas; sin embargo, señaló que esto no se debe buscar a través de subsidios que salen de los impuestos que pagan todos los ciudadanos y, que a la larga generan una competencia desleal, distorsiones en el mercado y afectación en toda la cadena productiva.
El presidente de la Comisión de Competencia de la ICC México, Miguel Flores Bernés señaló que fijar un precio máximo es una buena intención del gobierno, pero está mal desarrollada, mal diseñada y hecha al vapor.
Flores Bernés explicó que para fijar el precio de cualquier producto se tiene que hacer un cálculo muy cuidadoso que se llama "mercado relevante", el cual incluye información de cuántos productores de gas concurren en determinada región, el tamaño de la región y cuánto cuesta llevar el gas en esa región.
"Lo que hizo la CRE fue tomar las 145 regiones que se definieron en 2005, que ya no existen y se habían definido de acuerdo con los costos de traslado de gas de las terminales de Pemex a los lugares de venta. Estamos hablando de 16 años después y de que el mercado ha cambiado totalmente", apuntó.
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